Historia del municipio

El valle de Pisueña ha sido habitado desde el Paleolítico. En época romana entre los valles de Toranzo e Iguña se produjeron las llamadas “guerras cántabras”, conflictos entre los ejércitos imperiales con las poblaciones indígenas. 

En la alta edad media se estructuraron varios asentamientos de carácter religioso a lo largo de Villafufre; así pues, consta en el año 1018 Villafufre (Villa Erfuci) vinculada a las propiedades de la abadía de Santillana del Mar y en 1438, Santa Eulalia de Sandoñana vinculada a la colegiata de Santa Cruz de Castañeda (el monasterio más poderoso de la comarca Pas-Pisueña). 

Las poblaciones de aquellos siglos conformaron, los concejos, entidades administradas por uno o varios regidores asistidos por oficiales de menor rango, contando como órgano rector la institución conocida como concejo abierto, cada cargo era elegido anualmente cada 1 de enero en una junta general celebrada en Bárcena. En el caso del municipio constan los antiguos concejos de Villafufre (con los barrios de Rasillo y San Martín) y de Vega (con los barrios de Bustillo y La Canal). Ambos integrados en de demarcación territorial del Valle de Carriedo que incluía también los concejos de Abionzo, Aloños, Bárcena, Escobedo, Llerana, Penilla, Santibáñez, Saro, Selaya, Soto, Tezanillos y Villacarriedo. Éste era administrado por un procurador general, dos regidores generales (decano y ordinario), un fiscal y un alcalde de Santa Hermandad.

El valle estaba comprendido en la Merindad de las Asturias de Santillana (una circunscripción mayor) que figura en el Becerro de Behetrías (1351) dentro de la Merindad Mayor de Castilla o Adelantamiento Mayor de Castilla. La mayoría de estas tierras a finales del medievo se vincularon a varios señoríos laicos; Carriedo, a la Casa de La Vega que en 1341 recibió en Gonzalo Ruiz de la Vega diversos privilegios por parte de Alfonso XI de Castilla y León. En 1432, el señorío pasó a manos de los Mendoza a través de Íñigo López de Mendoza, hijo del almirante Diego Hurtado de Mendoza y  de Leonor de la Vega, tras el fallecimiento de ella. En 1439 se promovió el “Pleito Viejo” ante la oposición de los lugareños al nombramiento por parte de Íñigo de Mendoza de sus propios oficiales en el territorio de las Asturias de Santillana. No obstante, en 1445, Íñigo Lopez consiguió que Juan II de Castilla confirmara sus privilegios en el valle, así como su nombramiento como Marqués de Santillana y Conde de Manzanares (los privilegios se confirmaron definitivamente en 1448 y constaban de la administración de justicia, gobierno o la recepción de los ingresos entre otros).

Los Mendoza ejercieron sus derechos con violencia, lo que produjo que el Valle de Carriedo decidiera entablar un pleito ante la Real Cancillería de Valladolid, presentando la petición y demanda en mayo de 1495 por parte del procurador general Gonzalo de la Concha contra los duques del Infantado. Se resolvió el 18 de junio de 1499 admitiendo el derecho de instaurar alcaldes y jueces competentes en los valles para conocer pleitos civiles y criminales en primera instancia. El fallo se resolvió definitivamente el 1 de junio de 1546. Este proceso fue punto de partida para muchos otros en los valles de Alfoz de Lloredo, Cabezón, Cabuérniga, Camargo, Cayón, Penagos, Piélagos, Reocín y Villaescusa, resolvido en sentencia y en fallo de revisión en 1581 sentenciando la reversión a la Corona de los Valles. Junto a Carriedo esta institución fue el germen de la provincia cántabra, creada en 1778-1779, y existente hasta principios del siglo XIX. 

A lo largo de la Edad Moderna, el valle de Carriedo constaba incluido dentro del ámbito competencial de otras instituciones; conformaba el Corregimiento de las cuatro villas de la Costa de la Mar (comprendido entre el territorio de realengo de Peñamellera, Ribadedeva y Castro Urdiales); estuvo adscrito al partido de Trasmiera (de la provincia fiscal de Burgos creada en 1500). Con los Borbones a principios del siglo XVIII se agruparon temporalmente, las funciones de policía, justicia, finanzas y guerra transformando las provincias en intendencias. A finales de siglo el valle de Carriedo pertenecía al partido de Laredo de la provincia de Burgos. 

A principios del siglo XIX estuvo incluido dentro del ámbito competencial de otras instituciones territoriales; entre 1801-1803 y 1816-1833 formó parte de la provincia marítima de Santander (independiente de Burgos en materia fiscal). Entre 1810-1813 se integró en la prefectura de Santander, (fundada siguiendo el modelo francés introducido por José I). Entre 1822-1823 se incorporó a la provincia constitucional de Santander hasta que en 1833 se incluyó en la provincia definitivamente.

A principios del siglo XIX estuvo incluido dentro del ámbito competencial de otras instituciones territoriales; entre 1801-1803 y 1816-1833 formó parte de la provincia marítima de Santander (independiente de Burgos en materia fiscal). Entre 1810-1813 se integró en la prefectura de Santander, (fundada siguiendo el modelo francés introducido por José I). Entre 1822-1823 se incorporó a la provincia constitucional de Santander hasta que en 1833 se incluyó en la provincia definitivamente.

En la Real Orden del 28 de marzo de 1821 se confirmó la división del antiguo valle en los ayuntamientos de Santibáñez, Selaya y Villafufre (integrados en el partido judicial de Ontaneda). Aunque en el Decreto Orgánico municipal de 23 de julio de 1835 constan Carriedo y Selaya dependientes del partido judicial de Villacarriedo.

En la actualidad el ayuntamiento cuenta con 4 juntas vecinales integradas por diferentes pueblos; la junta vecinal de Vega (conformada por los pueblos de Vega, La Canal y Bustillo), la junta vecinal de Escobedo (la cual está formada por los pueblos de Escobedo, Ojuriego, Trasvilla y Argomeda), la junta vecinal de Villafufre (compuesta por los pueblos de San Martín y Villafufre) y la junta vecinal de Penilla (la cual abarca los pueblos de Sandoñana, Penilla y Susvilla). De igual forma, el municipio también cuenta con el concejo abierto de Rasillo conformado por dicho pueblo.